Dos días después de que la policía encontrara el cadáver de Rocío Belén Fernández (27) escondido dentro de un freezer -hecho por el que hay un hombre de 56 años detenido-, Mar del Plata fue epicentro de una nueva marcha en reclamo de “ni una menos”, eslogan que se instaló en Argentina en 2015 ante la ola de femicidios y, lamentablemente, continúa en vigencia. Es que el crimen de Rocío se convirtió en el cuarto cometido en la ciudad en apenas 70 días: en lo que va de este año, corrieron la misma suerte Talía Abigail Aragón, Betiana Moreira y Verónica Martínez; todas asesinadas a puñaladas y a manos de sus exparejas, que ya se encuentran detenidas.
Antes, el Movimiento de mujeres y Diversidad de Mar del Plata y Batán se movilizó a la municipalidad para entregarle un petitorio al intendente Guillermo Montenegro para solicitarle una reunión urgente ante el “constante deterioro en los recursos destinados a la problemática de la violencia de género y una ausencia de planificación sostenida que permita garantizar la implementación de políticas públicas integrales y transversales destinadas a cumplir con la obligación del Estado en sus distintos niveles de prevenir y erradicar la violencia patriarcal y machista”.
Los números fríos no dejan lugar a dudas: el Centro Municipal de Análisis Estratégico del Delito confirmó que en General Pueyrredon se denuncia un hecho de violencia familiar cada 2 horas y el 70% son mujeres.
Por otro lado, a lo largo del 2023 hubo 6 femicidios, la cifra más alta registrada desde 2018, mientras que en el primer semestre del 2024, hubo 78 intentos de femicidios.
Según datos del Ministerio Público Fiscal, durante el año pasado se iniciaron en el Departamento Judicial de Mar del Plata 5463 procesos penales por violencia familiar y/o de género, de los cuales cerca del 80% de los hechos ocurrió en la vivienda familiar de la víctima y en la mayoría de los casos, el agresor es la pareja o expareja de la denunciante.
La cantidad de denuncias por violencia familiar recibidas en los Juzgados de familia del Departamento Judicial de Mar del Plata también fueron en ascenso: el año pasado sumaron un total de 8305.
El Movimiento de Mujeres adjudicó estas cifras alarmantes a la falta de financiamiento en materia de políticas de género tanto a nivel local como nacional. Con respecto a la situación particular de Mar del Plata, desde el sector reprocharon al Departamento Ejecutivo el hecho que se haya interrumpido la construcción de la segunda etapa del Hogar de Medio Camino -ni siquiera está contemplado en el presupuesto 2024-, espacio destinado a asistir a víctimas de violencia machista. “Este desfinanciamiento presupuestario sin lugar a dudas se traduce en un recrudecimiento de la violencia en todas sus modalidades especialmente en el núcleo familiar”, aseveraron. Y apuntaron: “Es el Estado quien debe asistir en forma integral y oportuna a las mujeres que padecen violencia y al no hacerlo, deviene el Estado municipal como responsable político por la falta de asistencia a dichas mujeres”.
La nota que le acercaron al intendente, las organizaciones feministas pidieron también:
- Pronta respuesta de la Dirección de Políticas de Género al informe presentado acerca de la necesidad de implementar nuevamente la Emergencia en Violencia por Motivos de Género y Diversidad, a efectos de contar con las herramientas necesarias y específicas para trabajar en la prevención y erradicación de la misma.
- Cumplimiento de la Ordenanza N° 23237 de cupo laboral travesti trans.
- Cumplimiento de la Ordenanza N°20.308 que crea en el ámbito de la municipalidad de General Pueyrredón una mesa de trabajo sobre diversidad de género que hace más de 8 años que no se convoca.
- Restablecimiento de todas las políticas públicas urgentes con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género y presupuesto acorde a la gravedad de las vulneraciones de derechos a mujeres y disidencias.
- Restablecimiento de las políticas públicas para la atención integral de personas sobrevivientes de las redes de trata.
- Políticas públicas y presupuesto necesario para la inclusión laboral de mujeres y diversidades en situación de violencia.
- Cumplimiento efectivo de la Ley Micaela.
